La propuesta del HUD prohíbe a las familias con estatus migratorio mixto seguir recibiendo asistencia para el alquiler o vivir en determinados programas federales de vivienda, como la vivienda pública y la Sección 8, aun cuando ciertos miembros de la familia cumplen con los requisitos para ello.

Esta propuesta afecta a cualquier persona que no pueda demostrar su ciudadanía. También afecta a las personas con estatus migratorio regularizado pero que no reúnen los requisitos para recibir la asistencia del HUD, incluidas las personas con visa de estudiante, con visa de trabajo, con visas T y U (para sobrevivientes de violencia), las personas bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y las personas con estatus de protección temporal (TPS).

El Congreso hace mucho tiempo ha permitido que familias con estatus migratorio mixto vivan juntas en viviendas del HUD y reciban asistencia para el alquiler para los miembros que cumplen con los requisitos, gracias al activismo en defensa de los derechos a una vivienda digna.

Para estas familias, la asistencia para la vivienda es prorrateada para incluir solamente a los miembros de la familia que cumplen con los requisitos necesarios, como las personas menores de edad con ciudadanía.

Con esta asistencia prorrateada, el Gobierno federal no paga la vivienda de las personas que no reúnen los requisitos para recibir esta ayuda, independientemente de su situación migratoria.

A través de la asistencia prorrateada, las familias con estatus migratorio mixto están ayudando a subsidiar viviendas asequibles para otras personas, incluidas las personas ciudadanas estadounidenses.

La familia debe pagar el resto del alquiler y el HUD utiliza esos fondos para brindar asistencia a más familias.

El HUD ha reconocido que excluir a las familias con estatus migratorio mixto reducirá la cantidad y calidad de las viviendas subvencionadas por el HUD. Para cubrir los costos adicionales de la propuesta, las autoridades de vivienda pública tendrán que reducir los vales o dejar unidades vacías para evitar los gastos de mantenimiento.

Esto aumentará el número de personas sin hogar y será más difícil para las comunidades hacer frente a la crisis inmobiliaria.

Actualmente, las familias con un estatus migratorio mixto reciben un subsidio menor de vivienda y deben pagar una parte mayor de sus ingresos, en comparación con otras unidades familiares.

Los proveedores de HUD utilizan estas contribuciones para pagar viviendas adicionales y dar asistencia a más familias.

La propuesta va a desalojar a estas familias y reduciría los fondos disponibles para los proveedores del HUD.

Como resultado habrá menos viviendas para todas las personas, incluso para quienes están en la lista de espera, y no una sustitución automática de viviendas de las familias desalojadas con estatus migratorio mixto para personas ciudadanas estadounidenses.

Frente al aumento de precios de la vivienda y la crisis inmobiliaria, el Gobierno de Trump ha convertido a las comunidades inmigrantes en chivos expiatorios.

Esta propuesta pondrá en riesgo la asistencia de viviendas del HUD, aumentará el sinhogarismo y dificultará hacer frente a la crisis inmobiliaria.