EL ATAQUE DEL GOBIERNO DE TRUMP A LA ASISTENCIA PARA VIVIENDA PARA FAMILIAS INMIGRANTES
La hostilidad del gobierno de Trump hacia los inmigrantes con bajos ingresos y los inmigrantes de color exacerba sus políticas migratorias. Aunque muchos de estos ataques han recibido mucha publicidad, el gobierno también ha intentado recurrir al Congreso de manera encubierta para cambiar drásticamente la política migratoria de Estados Unidos mediante la creación de reglamentaciones antimigratorias a través de agencias federales.
Un ejemplo paradigmático de esta estrategia son los esfuerzos del gobierno por impedir que los inmigrantes y sus familias accedan a asistencia federal para vivienda. Varias agencias han propuesto o llevado a término normativas que restringen aún más la elegibilidad de los inmigrantes para determinados programas de vivienda, además de amenazar a algunos inmigrantes con la denegación de la tarjeta verde si reciben estos beneficios, o si en teoría pudieran recibirlos.
Culpar a las familias en dificultades no solucionará la crisis de viviendas asequibles. El problema real es la falta de financiamiento suficiente para garantizar que todas las familias elegibles para la asistencia federal para vivienda tengan acceso a uno de los derechos humanos más básicos: un lugar seguro, accesible y asequible al cual llamar hogar.
Para abordar nuestra crisis de viviendas asequibles y garantizar que todos tengan un hogar accesible y que puedan pagar, el gobierno de Trump debería realizar nuevas inversiones significativas en recursos para viviendas asequibles, en lugar de crear normativas que atacan a las familias de inmigrantes con recursos modestos.
Norma final de inadmisibilidad por carga pública del Departamento de Seguridad Nacional
El 14 de agosto de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó oficialmente la versión final de su "Norma de inadmisibilidad por carga pública" (Public Charge Rule). Esta norma referida a la carga pública facilita que el DHS declare que determinados inmigrantes sean una "carga pública", lo que puede ocasionar que a determinadas personas se les niegue la admisión al país o que no reciban la tarjeta verde. De conformidad con la norma referida a la carga pública, una persona puede ser considerada una carga pública porque usa o podría usar en el futuro programas de salud vital, nutrición o asistencia para vivienda. Es importante destacar que la norma referida a la carga pública hace más fácil que determinados inmigrantes se consideren una carga pública, incluso aunque nunca hayan recibido beneficios federales, dado que se toma como base factores tales como los ingresos, la edad, la salud y el nivel educativo.
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Si no se la detiene a nivel judicial, la norma referida a la carga pública cambiará de manera drástica la política migratoria mediante la expansión de los tipos de beneficios que el DHS considera en las determinaciones de carga pública, que pueden incluir Medicaid, SNAP, viviendas públicas y los subsidios para vivienda conforme a la Sección 8.
La publicación de una versión propuesta de la norma en octubre pasado llevó a muchas familias a abandonar programas de alimentación y nutrición esenciales para sus hijos por temor a arriesgar el estado futuro de la tarjeta verde. Este efecto paralizador afectó a cientos de miles de hogares de inmigrantes que dependen de estos programas para sobrevivir y para el éxito económico en su país de adopción.
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La campaña de Protección de Familias Inmigrantes, con la participación de más de 1500 organizaciones en todo el país, y que incluye al Proyecto Nacional de Ley de Vivienda (National Housing Law Project) y a la Coalición Nacional de Vivienda para Personas con Bajos Ingresos (National Low Income Housing Coalition), ayudaron a organizar la oposición a la norma propuesta y fomentaron que las personas presenten comentarios durante el período de comentarios públicos, que finalizó en diciembre de 2018. Se presentaron más de 266.000 comentarios durante el período de 60 días, la amplia mayoría de los cuales se oponía a la norma propuesta.
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Está previsto que la norma referida a la carga pública entre en vigencia el 15 de octubre de 2019. Los asociados de la campaña de Protección de Familias Inmigrantes y varios procuradores de los estados están iniciando litigios para evitar que esta norma desastrosa referida a la carga pública entre en vigencia. En apoyo a estos esfuerzos de litigio, el Proyecto Nacional de Ley de Vivienda (National Housing Law Project), junto con el Centro de Investigación y Acción Alimentaria (Food Research & Action Center), el Centro para la Ley y las Políticas Sociales (Center for Law and Social Policy) y otros grupos presentaron un documento de amicus curiae en cinco casos, oponiéndose a la norma referida a la carga pública del gobierno de Trump. La Coalición Nacional de Vivienda para Personas con Bajos Ingresos (National Low Income Housing Coalition) fue uno de los muchos grupos que firmaron el amicus curiae para demostrar su apoyo. El documento de amicus curiae argumenta que la norma referida a la carga pública disminuirá la participación de los inmigrantes en programas de beneficios públicos cruciales que promueven la autosuficiencia, lo que llevará a una mayor inestabilidad habitacional, personas sin hogar, hambre y enfermedades. El documento fue preparado y presentado con la ayuda de la firma legal Keker,Van Nest & Peters LLP.
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Para conocer más sobre el efecto en la vivienda de la norma referida a la carga pública, visite la página de recursos sobre carga pública de NHLP. Para conocer más sobre la norma de modo más general, visite el sitio web de Protección de Familias Inmigrantes.
Norma para familias con estado mixto propuesta por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
El 10 de mayo de 2019, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos publicó la propuesta de una norma que prohibiría a las familias con "estado mixto" vivir en viviendas públicas o subsidiadas de alguna otra manera. Las familias con estado mixto incluyen tanto miembros que son elegibles como miembros que no lo son para la asistencia para vivienda según su estado de ciudadanía o migratorio. La ley federal y las reglamentaciones permiten a las familias vivir juntas en viviendas subsidiadas incluso si un miembro de la familia no es elegible, siempre que el subsidio para vivienda disminuya en una proporción tal que excluya a la persona no elegible en cuanto a la asistencia. Es importante saber que aunque un integrante del hogar sea un inmigrante "no elegible", esto no significa que sea indocumentado. Los inmigrantes pueden tener situación legal regular e igualmente no ser elegibles para la vivienda pública y los programas de la Sección 8.
La norma requeriría además que se evalúe el estado migratorio de todos los residentes de menos de 62 años mediante el programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Otorgación de Beneficios (SAVE), que es responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los familias con miembros que se consideren "no elegibles" serán expulsadas de las viviendas subsidiadas en un período de 18 meses o antes.
La norma propuesta por el HUD forzaría a las familias con estado migratorio mixto a separarse para recibir asistencia para la vivienda, renunciar por completo a la asistencia o enfrentar la finalización de estos programas. Esta norma tendrá un impacto directo en el acceso de miles de familias de inmigrantes a la vivienda y tendrá un efecto paralizador que pondrá aún más a miles de familias en riesgo de no tener dónde vivir. El propio análisis del HUD muestra que más de 55.000 niños, que son ciudadanos estadounidenses o elegibles de otro modo para recibir beneficios de vivienda, se verían enfrentados al desalojo conforme a la norma propuesta. La norma propuesta continuará generando temor y caos entre los inmigrantes y sus familias.
Aunque el HUD afirma que la agencia propuso la norma por las dificultades originadas por las extensas listas de espera, esta norma reducirá la cantidad de subsidios provistos a las familias. Al liberarse de las familias con estado mixto, el análisis del HUD muestra que millones de dólares más deberían proporcionarse a las familias con todos miembros elegibles. Para compensar los costos más elevados, el HUD se vería forzado a reducir la calidad y la cantidad de asistencia para la vivienda.
Implementar la norma propuesta será administrativamente engorroso para las autoridades de la vivienda y para los dueños privados de las propiedades con asistencia conforme a la Sección 8. Los proveedores de vivienda se verán forzados a concentrar sus recursos en la finalización de la relación y el desalojo de las familias, lo que desviará los recursos del mantenimiento de las propiedades y los servicios de los residentes relacionados con el empleo que ya proporcionan. Estas molestias adicionales podrían desalentar la participación de los proveedores de viviendas privadas en los programas de la Sección 8, lo que empeoraría la crisis de viviendas asequibles.
El período de comentarios públicos para esta norma finalizó el 9 de julio de 2019. Gracias a su apoyo, más de 30.000 personas y organizaciones presentaron comentarios sobre la norma propuesta por el HUD. El HUD está redactando actualmente una norma final y debe responder a todos los comentarios presentados. La oposición a la propuesta de las personas, organizaciones y funcionarios elegidos ha sido abrumadora e histórica. La última vez que una propuesta del HUD obtuvo atención pública significativa, el resultado fueron 1000 comentarios públicos.
Actualmente, la campaña de Mantener a las Familias Unidas (KFT) está trabajando con asociados y aliados para organizar reuniones con la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA) cuando el HUD finalice la norma. Estas reuniones proporcionan otra posibilidad de expresar su oposición a la propuesta y sumar información al registro administrativo. Si está interesado en participar en una reunión de OIRA, póngase en contacto con nporter@nhlp.org.
Norma propuesta por carga pública referida a la deportación del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha redactado una propuesta de norma relacionada con la deportación tomando como base la carga pública. Esta es una norma aparte de la norma por carga pública del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos referida a la inadmisibilidad que se concluyó el 14 de agosto de 2019. Aunque la norma propuesta aún no fue publicada oficialmente, el DOJ la envió a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), y se espera que se la publique en el futuro cercano.
Para conocer más sobre la norma referida a la carga pública del DOJ, consulte esta ficha técnica de la campaña de Protección de Familias Inmigrantes.
Norma para las familias con estado mixto propuesta por el Servicio de Vivienda Rural
El Servicio de Vivienda Rural (RHS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos está desarrollando actualmente una propuesta de norma para los requisitos de ciudadanía de los programas de vivienda multifamiliares de la agencia. La norma propuesta probablemente prohíba que las familias de inmigrantes con estado mixto reciban asistencia para vivienda de los programas del RHS, incluido el programa de cupones de Desarrollo Rural (RD) y la asistencia para alquiler para los programas de la Sección 515 y la Sección 514/516. Permanezca conectado para obtener más información sobre la norma propuesta en las siguientes semanas.